Especialistas advirtieron que un eventual gobierno de Roberto Sánchez pondría en riesgo la seguridad jurídica del sector minero y desalentar las inversiones formales en el largo plazo. Según explicaron, esto incentivaría la minería ilegal en todo el país.

La agenda minera propuesta por Roberto Sánchez volvió a generar preocupación entre empresarios y especialistas del sector, quienes advirtieron que un eventual cambio en las reglas de juego podría afectar seriamente las inversiones en Perú. Analistas señalaron que la incertidumbre sobre contratos, concesiones y políticas extractivas pondría en riesgo la seguridad jurídica que históricamente atrajo capitales al país.

Según referentes económicos y mineros, las señales de revisión de acuerdos y mayor intervención estatal podrían desalentar proyectos de largo plazo y frenar nuevas inversiones formales. Además, sostuvieron que la pérdida de previsibilidad impactaría directamente en el empleo, la recaudación y el desarrollo de regiones que dependen de la actividad minera.

Especialistas también alertaron que un debilitamiento del sector formal podría favorecer el crecimiento de la minería ilegal en distintas zonas del país. Explicaron que, ante menores controles e inversiones privadas, podrían expandirse actividades informales vinculadas a economías ilegales y daños ambientales.

El debate se instaló con fuerza en la campaña electoral debido al peso estratégico que tiene la minería en la economía peruana. Mientras sectores cercanos a Sánchez defienden una mayor regulación y control estatal sobre los recursos naturales, empresarios y analistas advierten sobre las consecuencias económicas que podría tener un cambio brusco en el modelo minero del país.