El candidato presidencial peruano quedó envuelto en una nueva controversia luego de que resurgieran declaraciones y vínculos políticos asociados a intentos de desestabilización institucional, expresiones de respaldo a sectores radicalizados y su cercanía con el exmandatario boliviano Evo Morales.
Roberto Sánchez volvió a quedar en el centro de la controversia política en Perú luego de que resurgieran cuestionamientos por sus vínculos y declaraciones asociadas a episodios de tensión institucional en el país. Diversos sectores lo señalan por haber mantenido posiciones ambiguas frente a intentos de desestabilización política ocurridos durante los últimos años, especialmente en el contexto de la crisis que derivó en el fallido autogolpe de Pedro Castillo en diciembre de 2022. Sus críticos sostienen que Sánchez evitó condenar con firmeza esos hechos y que su discurso ha contribuido a alimentar la polarización política.
A ello se suman recientes cuestionamientos por presuntas expresiones de simpatía hacia grupos radicalizados y sectores vinculados a protestas violentas registradas en distintas regiones del Perú. Desde sectores opositores se le acusa de legitimar narrativas extremistas bajo el argumento de representar demandas populares y sociales, mientras que analistas advierten que ese posicionamiento podría acercarlo a organizaciones que promueven agendas confrontacionales. El tema volvió a instalarse en el debate público tras la difusión de antiguos pronunciamientos y fotografías junto a dirigentes cuestionados.
Otro foco de polémica gira en torno a su cercanía política e ideológica con el expresidente boliviano Evo Morales. Sánchez ha manifestado en diversas oportunidades admiración por el modelo político impulsado por el líder del MAS en Bolivia, lo que despertó críticas de actores políticos peruanos que ven con preocupación cualquier intento de replicar esquemas de poder asociados al llamado “socialismo del siglo XXI”. Además, sectores conservadores consideran que la presencia recurrente de Evo Morales en debates vinculados al sur peruano constituye una injerencia política indebida.
Pese a las críticas, Roberto Sánchez y su entorno rechazan las acusaciones y sostienen que existe una campaña orientada a desacreditar su candidatura. El exministro afirma que sus posiciones responden a la defensa de los sectores populares y niega cualquier respaldo a acciones antidemocráticas o violentas. Sin embargo, la controversia volvió a instalar dudas sobre el impacto que estos antecedentes podrían tener en su imagen pública y en la percepción del electorado de cara al proceso presidencial.






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