El Ministerio Público acusa al candidato de Juntos por el Perú por presuntas irregularidades en los reportes financieros entregados a la ONPE. Por este motivo, solicitó una pena de cinco años y cuatro meses de prisión para el exministro y también la inhabilitación para ejercer la presidencia del partido político.

El candidato presidencial de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, enfrenta un complicado escenario judicial luego de que el Ministerio Público solicitara una condena de cinco años y cuatro meses de prisión en el marco de una investigación por presuntas irregularidades en reportes financieros entregados a la ONPE. La Fiscalía también pidió la inhabilitación del dirigente para ejercer la presidencia de su partido político, generando nuevas repercusiones en medio de la campaña electoral.

Según la acusación fiscal, Sánchez habría incurrido en inconsistencias y presuntas irregularidades vinculadas al financiamiento y la presentación de documentación partidaria ante los organismos electorales. El caso comenzó a tomar mayor relevancia política debido a que especialistas advirtieron que, si el candidato gana las elecciones presidenciales, el avance del proceso judicial podría verse afectado o demorado por la situación institucional derivada de asumir el cargo.

La situación volvió a instalar el debate sobre las causas judiciales que involucran a dirigentes políticos en Perú y sobre el impacto que estos procesos pueden tener en la campaña presidencial. Mientras sectores opositores remarcan la gravedad de la acusación fiscal, desde el entorno de Sánchez sostienen que las investigaciones forman parte de una persecución política en medio de un escenario electoral marcado por la polarización.