El gobierno aprobó un decreto de urgencia para garantizar la continuidad operativa de la petrolera estatal sin recurrir al Tesoro Público, en un esquema inédito supervisado por ProInversión.

Mediante el Decreto de Urgencia N° 003-2026, publicado el 11 de mayo, el Poder Ejecutivo habilitó un mecanismo de financiamiento de hasta USD 2.000 millones proveniente de la banca privada internacional para sostener las operaciones de Petroperú. Los fondos serán canalizados a través de un fideicomiso administrado por ProInversión.

A diferencia de los cinco rescates anteriores, todos financiados con fondos del Tesoro, esta vez serán bancos privados de primera línea quienes presten los recursos, con un plazo de devolución negociado a siete años. El Estado actuará únicamente como garante contingente en caso de incumplimiento.

Los recursos estarán destinados exclusivamente a compra de crudo, refinación y abastecimiento de combustibles, con especial atención a regiones amazónicas donde Petroperú es proveedor estratégico. El MEF aclaró que ningún sol de los impuestos de los peruanos será afectado directamente por la medida.