La entidad solicitó cinco años y cuatro meses de prisión efectiva para el candidato a presidente de Juntos por el Perú. El motivo es el avance de las causas que comprometen al político por un eventual caso de fraude financiero.

La Fiscalía solicitó cinco años y cuatro meses de prisión efectiva e inhabilitación para el candidato presidencial Roberto Sánchez, en el marco de una causa vinculada a un presunto caso de fraude financiero. El pedido judicial volvió a colocar al dirigente de Juntos por el Perú en el centro de la controversia política a pocos meses del inicio formal de la campaña electoral.

Según trascendió, la investigación apunta a supuestas irregularidades financieras y movimientos de fondos que actualmente son analizados por la Justicia. La Fiscalía considera que existen elementos suficientes para avanzar con una condena e impulsar además la inhabilitación del dirigente para ejercer cargos públicos, una situación que podría complicar seriamente sus aspiraciones presidenciales.

El avance de la causa generó fuertes repercusiones en el escenario político peruano. Mientras sectores opositores reclamaron mayor transparencia y cuestionaron la continuidad de Sánchez como candidato, desde su entorno denunciaron una supuesta persecución política y aseguraron que el dirigente demostrará su inocencia en los tribunales.

El caso vuelve a instalar el debate sobre corrupción, ética pública y antecedentes judiciales de los candidatos de cara a las elecciones de 2026. En un contexto de creciente polarización política, distintos analistas advierten que las investigaciones judiciales podrían tener un fuerte impacto en la campaña y en la percepción pública de los principales espacios políticos del país.